¡DESTRABEN LA MARIHUANA!

SIN LICENCIAS DE MARIHUANA

“Habrá patria para todos o no habrá para ninguno”

La estrofa de una canción-consigna de los guerrilleros del Movimiento de Liberación Nacional –TUPAMAROS- del Uruguay, del que hizo parte el Presidente José ‘Pepe’ Mújica, quien legalizó el uso de la marihuana en ese país en el año 2013, no podría ilustrar mejor la situación actual de ese proceso en Colombia, que desde nuestra perspectiva, se encuentra legalmente en entredicho.

En el año 2015 el gobierno nacional expidió un decreto reglamentario de la vieja ley 30 de 1986, que permitió entregar unas licencias para la transformación de la marihuana que estarían dirigidas a obtener ciertas sustancias para la fabricación de medicamentos. La norma, el Decreto 2467, regulaba la expedición de cuatro tipos de licencias: compra y tenencia de semillas, cultivo, transformación de la planta para la obtención de extractos y licencia para exportación de esos derivados, adicionalmente se entregó un registro sanitario a un producto llamado Sativex, propiedad de una farmacéutica inglesa, que se usa en otros países para el tratamiento de la esclerosis.

En julio de 2016 fue expedida la ley 1787, sobre el uso de la marihuana medicinal que regula aspectos no contemplados en el decreto citado anteriormente, por ejemplo, el cobro de tasas por el otorgamiento de licencias, etc. La entrada en vigencia de la ley, dejó sin efectos el Decreto 2467, luego es necesario que se haga una nueva reglamentación que atienda los mandatos fruto de la nueva norma.

En la exposición de motivos y en las declaraciones de los ponentes de la ley, se anunciaba que contribuiría a solucionar la situación de los cultivadores y para esos fines en el texto de la norma se ordenó que el gobierno reglamentara la participación de los pequeños productores, entendiendo por ellos a campesinos e indígenas, y tomara acciones de política que igualmente favorecieran a estas poblaciones; dio facultades por un plazo de seis meses para esto, el plazo se cumplió los primeros diez días de enero de 2017 y no hubo la reglamentación ordenada.

Funcionarios de los ministerios encargados han manifestado que tiene dos años para reglamentar la ley, puede ser cierto, pero al haber pretermitido el plazo para las acciones afirmativas señaladas, la reglamentación que vaya a expedir, violentaría derechos fundamentales como la igualdad, el mínimo vital, etc, en tanto que tendría destinatario determinado, las grandes empresas, y al tener nombre propio la norma estaría tambaleando jurídicamente hablando, pues burla la voluntad del legislador, que en este caso buscaba extender una protección para equilibrar asimetrías en la construcción de un mercado de derivados de la marihuana.

Si bien hay decisiones de la Corte Constitucional en las cuales se dice que las facultades reglamentarias del ejecutivo no tienen término, no haber reglamentado las acciones afirmativas, deja en evidencia que la regulación de los uso de la marihuana no tenía por objeto buscar alternativas productivas a los campesinos cultivadores o implementar un enfoque distinto en la llamada lucha contra el narcotráfico; se trataba exclusivamente de montar un negocio a empresas previamente determinadas, y en el mejor de los casos con un esquema de asociación productivo entre pequeños productores y empresarios como el que se intenta excepcionalmente  en Corinto Cauca, que ya fue impuesto con el cultivo de palma aceitera, para citar un ejemplo, sin que los resultados hayan sido los mejores en términos de equidad en la obtención de los beneficios, precisamente en contra de los agricultores campesinos.

En la zona norte del departamento del Cauca, región históricamente productora de marihuana, se ha impuesto en la parte plana, el monocultivo de la caña de azúcar, con graves consecuencias para los ecosistemas existentes, como contaminación de fuentes de aguas, desecación de humedales y lagunas, destrucción del paisaje natural y la diversidad existente, lo que a su vez ha provocado desplazamientos de población que dejó de ser productora campesina, pero que no encuentra opciones de empleo en una industria de la caña, por ser una actividad que exige cualificación académica en áreas muy especializadas, también dejando sin opciones trabajos muy primarios como los corteros de caña, quienes han sido paulatinamente reemplazados con maquinaria especializada.

Teniendo como referente esa relación de la producción cañera, las comunidades ven con natural prevención la llegada de empresas extranjeras que podrían replicar esa relación con un nuevo monocultivo que tampoco tiene la capacidad de absorber una cantidad importante de fuentes de trabajo y exigirá mayor cualificación para pocos empleos.

Los beneficios de la ausencia de la expresión armada del conflicto social y político, no se pueden reducir a que las grandes empresas puedan hacer todo tipo de negocios en determinadas condiciones de inequidad, en el mismo sentido que la diversificación productiva debe corresponderse con la riqueza que porta la diversidad cultural y étnica presente en los territorios del Norte del Cauca, donde han convivido pacíficamente indígenas, campesinos y comunidades afrodescendientes.

Expedir la reglamentación de la ley 1787 en cuanto a las medidas afirmativas allí ordenadas, está condicionada a que se realice la respectiva consulta previa, lo que llevará a más demoras en una reglamentación que se ha tardado más allá de lo razonable y el término legal dado; por eso se debería pensar en una ruta distinta a la expedición unilateral por el gobierno nacional y buscar una alternativa como la ya probada con la iniciativa indígena Coca Nasa, donde la autoridad nacional acordó con la autoridad indígena que esta se encargara de expedir los correspondientes actos administrativos, precisamente apelando a la condición de autoridad pública que tienen las autoridades indígenas y la coordinación entre autoridades públicas a que se refieren normas como la ley 498 y la amplia jurisprudencia y precedentes judiciales que le reconocen la capacidad de configuración normativa a las autoridades indígenas en función de maximizar su autonomía.

Del gobierno nacional, depende que se pueda avanzar más pronto que tarde en la implementación del negocio de la marihuana medicinal, los indígenas tienen la llave para destrabar el proceso.

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